CASO ACTEAL

En un hecho que ha causado distintas opiniones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallaron a favor del amparo a indígenas tzotziles acusados de haber participado en la matanza de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Con este fallo, la Corte ordenó la liberación inmediata de 20 indígenas inculpados en la matanza.

Los ministros consideraron que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la Procuraduría General de la República.

El ministro José Ramón Cossío aclaró que las resoluciones se dan con base a las serias irregularidades que detectaron en la integración de las averiguaciones, por lo que la decisión de la Corte, precisó, no tiene que ver con la inocencia o culpabilidad de los quejosos, esa,-dijo-, es responsabilidad de las autoridades correspondientes.

Por su parte, la ministra Olga Sánchez Cordero adoptó la decisión de ampararlos porque se detectó, por ejemplo, que en algunos casos, de manera irregular, un juez les agregó delitos que ni siquiera había consignado el ministerio público.

En su oportunidad, el ministro Juan Silva Meza elaboró un álbum fotográfico que posteriormente le entregó a los testigos que uso para que identificaran a los indígenas que, posteriormente, fueron señalados como responsables de la matanza.

Las organizaciones de derechos humanos se han pronunciado sobre el caso. Amnistía Internacional (AI) reclamó al Estado mexicano una nueva investigación sobre la matanza registrada en 1997 en Acteal, después de que los 20 indígenas condenados por el crimen fueran liberados por irregularidades en el proceso.

Para Amnistía Internacional esta es otra muestra de las “graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos”, sostuvo Rupert Knox, investigador sobre México de AI, en un comunicado de la organización.

HISTORIA

Hace 11 años, seis meses y 15 días que en el poblado de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró una masacre que dejó 45 indígenas muertos, la cual convulsionó la política de aquella época y abrió una herida que todavía no cierra en ese poblado.

También desató un polémico debate sobre qué fue lo que pasó en ese lugar, donde los pobladores se han enfrascado en acusaciones sobre la veracidad de sus dichos. Mientras que una parte señala que el asesinato de aquellas persona fue por una fallida estrategia paramilitar, otros tratan de minimizar el alcance del conflicto, para dejarlo en un mero pleito comunitario.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo armado -presuntamente conformado por más de 100 personas- mató a 45 indígenas tzotziles: 18 niños, 22 mujeres y 6 hombres. Según la versión oficial, difundida por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, se atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales tras formarse el Concejo Municipal Autónomo de Polhó.

La otra versión, de los habitantes, es que su simpatía por la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que el gobierno, en sus tres niveles, organizara grupos paramilitares para hostigar a la población rebelde, y posteriormente causar enfrentamientos para poder justificar el ataque en contra de los zapatistas.